LOS VETERINARIOS DE CASTILLA Y LEÓN TILDAN DE "BRINDIS AL SOL" LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL
La falta de financiación y de desarrollo reglamentario dificulta su aplicación práctica, que puede causas problemas a los profesionales, sobre todo clínicos
El Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León ha tachado de "brindis al sol" la nueva Ley de Bienestar Animal, que deja "sin regular" buena parte de su contenido y lo reserva a un desarrollo reglamentario posterior, dentro del encuentro que ha tenido lugar en la localidad salmantina de La Alberca este fin de semana para celebrar su asamblea anual.
"Esta ley está elaborada más con sentimiento que con cabeza, con deseo de hacer mucho pero luego concretar muy poco. La mayor parte de los asuntos que trata quedan por desarrollar, enarbolando los derechos de los animales y convirtiéndose en una ley controvertida porque alcanza el ámbito privado", precisó el presidente del Consejo, Luciano Díez.
Para los veterinarios de Castilla y León, uno de los aspectos más conocidos de la nueva normativa es la creación de listados positivos con las mascotas que se podrán tener en los hogares, aunque "de momento concretar qué animales figurarán en esas listas se deja para reglamentaciones posteriores".
Sobrecarga a las administraciones locales
Además, advierte de que la Ley carga a las administraciones locales con la gestión de colonias felinas, con el registro, castración y desparasitación de sus integrantes, la obligatoriedad de la recogida de animales abandonados, su tratamiento veterinario, servicios de urgencia de recogida y atención veterinaria de 24 horas.
A los Centros Públicos de Protección Animal, además se les atribuye la función de seguimiento de los animales entregados en adopción, como si de un servicio social se tratase. “Esto conlleva un coste difícil de asumir por la mayoría de los municipios españoles y podría dar lugar a tasas a pagar por los propietarios o adoptantes para cubrir el coste de los servicios”.
Por su parte, Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), mostró su preocupación por los problemas que va a generar la ley en su aplicación práctica a los veterinarios, sobre todo clínicos, y confió en que el desarrollo reglamentario logre solventar algunas de estas cuestiones.
Favorece la subjetividad
En una línea similar se pronunció la abogada Isabel Acero, asesora jurídica del Consejo, quien resaltó la abundancia de términos éticos y filosóficos en el texto legal, “lo que favorece la subjetividad, cuando toda norma por definición debe ser objetiva”, la falta de concreción de numerosos supuestos relacionados con el bienestar animal y la ausencia de financiación, lo que dificulta que resulte operativa.
Durante la jornada, con asistencia de la mayoría de los presidentes de los nueve colegios provinciales y representantes de sus juntas directivas, también intervino el veterinario Miguel Ángel García, que abordó la figura del veterinario de explotación. Al respecto, señaló que es imprescindible la colaboración veterinario-ganadero, que será necesario contar con planes sanitarios específicos en cada explotación, llevar un registro por escrito de actuaciones e incidencias y vigilar el bienestar animal, sobre todo en extensivo.
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